La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Loíza. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El informe revela que, al 31 de diciembre de 2018, el Municipio adeudaba $2,890,986 a siete entidades; entre otras, a la Administración de Sistemas de Retiro, al Departamento de Hacienda, a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y al Servicio de Rentas Internas Federal (Internal Revenue Services – IRS). Esta suma incluye $260,189 por concepto de intereses, penalidades y recargos. Una situación similar se había publicado en el Informe de Auditoria M-18-02 del 2017.

Además, el IRS impuso en el 2016, tres embargos al Municipio por $260,441 a 16 cuentas bancarias por no remesar las retenciones de los empleados al Seguro Social Federal. En el 2019, el Municipio acordó pagar $7,100 mensuales al IRS hasta el saldo de la deuda de $840,180. Esta situación se atribuye a que los alcaldes y directores de Finanzas en funciones, no administraron adecuadamente las finanzas de Loíza.

La auditoría de seis hallazgos señala que el Municipio pagó $19,803 por servicios de auditoría a una corporación impedida legalmente de dar ese servicio. El Municipio había formalizado un contrato el 9 de marzo de 2017, con dicha corporación de responsabilidad limitada. Sin embargo, al cambiar su estatus legal a una corporación regular el 1 de marzo de 2018, no podía prestar los servicios de auditoría.

Esta situación se refirió a la secretaria de Justicia para que determine las acciones administrativas o judiciales a seguir. Además, se le recomienda al presidente de la Junta de Contabilidad de Puerto Rico y al presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, a que consideren esta situación para que tomen las medidas pertinentes.  

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, el Municipio cargó una deuda de $4,970 al presupuesto de 2017, por servicios de transportación prestados entre el 2010 al 2013. Además, contrario al Reglamento 33 sobre el Registro de Contratos en la Oficina del Contralor, el Municipio registró 121 contratos y enmiendas por $3,868,335, hasta 22 meses posteriores a su otorgación.

Los auditores identificaron, que los encargados de la propiedad en Loíza, no realizaron los inventarios físicos anuales del 2016 al 2018. El encargado de la propiedad, al cesar sus funciones en el 2018, tampoco realizó ni certificó el inventario bajo su custodia y responsabilidad. Esta situación, no permite mantener un control de la propiedad y propicia su uso para fines ajenos a la función pública.

El examen del Informe del Flujo de Efectivo evidenció que 15 fondos especiales con recursos económicos por $194,841 habían permanecido inactivos entre 30 a 36 meses. Esta situación, priva al Municipio de recursos económicos que pueden utilizarse para atender otras necesidades.

El Informe comenta que Loíza tenía en el 2016, un déficit acumulado del 78% en el Fondo Operacional; en el 2017, un déficit del 88%, y en el 2018, un déficit del 105%. El Municipio no consignó los créditos necesarios para disminuir los déficits corrientes del 2016 y 2017 y, el Informe de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2018, reflejó sobregiros ascendentes a $9,761,001 millones.

Contrario a la reglamentación vigente, el Municipio de Loíza tenía 111 empleados clasificados como transitorios por periodos de hasta 25 años. Además, al 31 de diciembre de 2018, tenía cuatro demandas civiles por $1,260,000 pendientes de resolución por los tribunales.

La auditoría recomienda a la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure el cumplimiento del Municipio con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018.

Vea el Informe de Auditoría M-21-04.

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