La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Sabana Grande. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio pagó $23,634 en intereses y penalidades por atrasos en los pagos de las obligaciones con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La deuda con el Departamento del Trabajo, sumada a la deuda con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y con la Administración de Servicios Generales, ascendía a $800 mil para el periodo auditado. Esta situación se atribuye a que los directores de Finanzas no administraron de forma efectiva y ocasionó que se afectaron los recursos que deben recibir las entidades gubernamentales.

La auditoría de ocho hallazgos señala de una muestra, que para el 78% de los contratos, no se obligaron las asignaciones presupuestarias al momento de ser otorgados, sino hasta siete semanas después. Del 2014 al 2016 se concedieron 3,138 contratos por $23 millones en Sabana Grande. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-26 del 2016.

Los auditores de la Contraloría identificaron deficiencias con las conciliaciones bancarias. Las cuentas reflejaban diferencias en las cuentas Corrientes y de Nóminas de $106 a $437,784, ya que no se habían realizado los ajustes de contabilidad en los libros e informes fiscales. Además, el Municipio mantenía $72,332 en cuentas bancarias de fondos especiales que habían permanecido inactivos hasta por casi tres años.

Contrario a las leyes y la reglamentación vigente, en Sabana Grande se pagaron $15,527 por el uso de la tarjeta de crédito, sin que el alcalde presentara las facturas, la lista de las personas participantes ni las certificaciones sobre la naturaleza y necesidad de los gastos. Esta situación pudo propiciar el uso indebido de fondos para propósitos ajenos a la gestión pública.

El Informe desvela que cuatro empleados en funciones de guardalmacén, no tenían el nombramiento para ello. En algunos de los 11 almacenes municipales, no se realizaban inventarios físicos anuales ni inventarios perpetuos. El Municipio notificó con atrasos de hasta 3 años y medio, los incidentes de pérdida de propiedad, robo, mutilación y vandalismo a la Oficina del Contralor.

Uno de los hallazgos reveló la falta de reglamentación en la celebración de un concurso en el cual se otorgarían premios en efectivo. El concurso era parte de varias actividades que se llevarían a cabo para la revitalización del centro urbano con una aportación de $50,000 de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.
Además, los auditores detectaron que la recaudadora oficial realizaba funciones conflictivas al efectuar los recaudos y llevar a la vez el Registro de Patentes. Esta situación propicia la comisión de errores e irregularidades con los fondos del Municipio.

El Informe comenta los déficits acumulados en el Fondo Operacional que ascienden a $2.9 millones en el 2015, $4.2 millones para el 2016 y $5.1 millones para 2017. En los presupuestos del 2017 y 2018 el Municipio no consignó fondos para disminuir los déficits. Además, Sabana Grande incurrió en sobregiros por $1.6 millones en los fondos municipales.

El 2 de julio de 2018 la fiscalía federal radicó cargos al entonces alcalde por fraude contra el gobierno de los Estados Unidos. Los cargos se relacionan con la otorgación de contratos con fondos del Departamento de Educación por $2.9 millones. Además, en el 2013 la Oficina de Ética Gubernamental, le impuso una multa de $4,750 al entonces alcalde por violar las condiciones de las dispensas otorgadas para la contratación de una pariente.

El Municipio tiene dos demandas civiles por $130,000 pendientes de resolución por los tribunales. Al 30 de junio de 2017, el Municipio no había recobrado $178,907 recomendado en el Informe de Auditoría M-16-26 del 2016.

El informe de Sabana Grande cubre el periodo del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2017

Vea el Informe de Auditoría M-20-15.

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