La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión de abstención sobre las operaciones fiscales relacionadas con el arrendamiento de edificios de la Autoridad de Edificios Públicos. La opinión de abstención se debe a una limitación de alcance debido a que la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSF) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés), incoaron una acción legal en el Tribunal de Quiebras. 

El Informe comenta que la JSF y la UCC iniciaron una acción legal el 21 de diciembre de 2018, en la cual alegan que los arrendamientos de la Autoridad no están sujetos a las disposiciones de la Sección 365(d)(3) de la Ley de Quiebras. La acción legal cuestiona la validez de los contratos de arrendamiento de la Autoridad, que son objeto de examen de esta auditoría.

Por tanto, no pudimos efectuar todas las pruebas relacionadas con el arrendamiento de edificios; proceso necesario para obtener una base razonable y emitir una opinión de auditoría. En consecuencia, la Oficina del Contralor no puede concluir el examen, ni verificar la corrección de las transacciones hasta que el Tribunal de Quiebras finalice el proceso legal.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de septiembre de 2018.

Vea el Informe de Auditoría CP-20-07.

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