La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Toa Alta. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe reveló que el Municipio tenía atrasos de hasta dos años en la preparación de las conciliaciones de la cuenta de Nómina y en 40 cuentas especiales. Además, las conciliaciones en varias cuentas reflejaban diferencias de hasta $5 millones porque los directores de Finanzas en funciones, no efectuaron los ajustes de contabilidad en los informes fiscales.

Además, no se encontró ni el Municipio suministró, evidencia de la preparación de los informes mensuales de Ingresos y Desembolsos desde julio de 2014 a enero de 2018. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-15-38 de 2015.

La auditoría de nueve hallazgos señala que se emitieron recibos de recaudaciones con tardanzas de hasta seis meses. Además, no se encontraron ni el Municipio pudo suministrar, 21 libretas de recibo y los cheques en blanco no se mantenían bajo llave. Estas situaciones no permiten mantener un control adecuado y propician la comisión de irregularidades.

Contrario al Reglamento para la Administración Municipal de 2016, el alcalde autorizó transferencias de créditos por $5.5 millones sin las certificaciones de sobrantes requeridas. Además, los directores de finanzas en función, mantuvieron en los libros de contabilidad, $3.2 millones de cuentas incobrables desde el 1992, sin haber realizado los ajustes correspondientes. El hecho de no cobrar las cuentas en su año fiscal puede ocasionar la falta de recursos económicos para atender otras obligaciones presupuestarias.

Los auditores de la Oficina detectaron que el Municipio no notificó al Departamento de Justicia como dispone la Ley 1-2003, la Ley del Registro de Demandas Civiles, 21 demandas en contra de Toa Alta. Tampoco solicitó el consentimiento de la Legislatura Municipal para una oferta de transacción en una demanda presentada por daños y perjuicios.

En Toa Alta se detectaron múltiples faltas de control sobre la propiedad. Por ejemplo, del 2014 al 2016 no se completaron los inventarios anuales de la propiedad mueble. Además, ni en el almacén de materiales ni en el Garaje Municipal se mantenía un inventario perpetuo. Más aún, el Municipio no realizó investigaciones administrativas en 80 accidentes con vehículos municipales ni notificó cinco hurtos de propiedad por $9,949, a la Oficina del Contralor.

La auditoría encontró que la Unidad de Auditoría Interna no efectuó auditorías periódicas y que la Comisión de Auditoría de la Legislatura Municipal no evaluó los estados financieros auditados del 2014 al 2017. Además, contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, Toa Alta no cuenta con reglamentación para las operaciones del Centro de Servicios Integrados Ventanilla Única.

El Informe revela también que el Municipio mantenía 98 fondos por $5.5 millones en recursos económicos que habían permanecido inactivos hasta tres años. Al respecto, la directora de Finanzas certificó que no tiene información para explicar las razones de la inactividad de los fondos.

La auditoría de Toa Alta también comenta que el Municipio tiene déficits acumulados en el Fondo Operacional para los años del 2014 al 2016 que asciende a $2 millones, $4.4 millones y $5.8 millones respectivamente. En dicho periodo los gastos excedieron los ingresos por $4.4 millones. El operar con déficits afecta los servicios a la ciudadanía y excederse en los gastos propicia la acumulación de deudas.

El Municipio tenía 18 demandas civiles por $22.5 millones pendientes de resolución por los tribunales al 1 de mayo de 2018.

Este primer informe de Toa Alta, cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2017.