La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones relacionadas con la reglamentación, administración y supervisión, entre otras, de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que la AMA no solicitó a la Federal Transit Administration (FTA), desde el 2010 al 2014, el rembolso de $1.9 millones al que tenía derecho por concepto de los salarios y beneficios marginales de los empleados de mantenimiento preventivo y reparación de unidades. Tampoco, reclamó el rembolso de unas  10,331 órdenes de servicios de inspecciones y reparaciones realizadas por los mecánicos en ruta, y del mantenimiento preventivo de unidades. El no solicitar a la FTA la subvención a estos servicios, disminuyó los recursos económicos de la AMA.

La auditoría de cinco hallazgos señala deficiencias con la organización de los trabajos ya que el tiempo de reparación de las unidades era excesivo. Por ejemplo, identificamos de una muestra, que una reparación de motor tardó más de 20 meses, un remplazo de transmisión tardó más de 22 meses, y un remplazo de motor tardó más de 37 meses. Estas situaciones contrarias a la ley vigente, limita la cantidad de unidades de transportación disponibles al servicio de la ciudadanía.

Nuestros auditores identificaron que la AMA pagó la prima de 31 unidades por $35,012, que al momento de formalizar la póliza de seguros en el 2016 estaban retiradas de servicio. Además, la Autoridad tampoco solicitó el rembolso de $11,342 pagados en la prima de 11 unidades que fueron retiradas de servicio durante la vigencia de la póliza.

A estas deficiencias se sumó que del 2014 al 2016 la AMA no contaba con una póliza de daños físicos por lo cual no pudo reclamar daños por $27,570 en cinco accidentes y tiene que devolver a la FTA el interés federal remanente de $312,546 por tres unidades incendiadas declaradas pérdida total.

La AMA invirtió $2.8 millones de fondos federales y estatales, en la instalación de un sistema de seguridad de 396 cámaras y un centro de monitoreo que se terminó de instalar en el 2012. Nuestros auditores validaron que al 18 de mayo de 2018, el sistema estaba inoperante ya que nunca le dieron mantenimiento a las cámaras de seguridad, ni a los servidores de las cámaras. El oficial de seguridad interna indicó que esta situación causó que se robaran el montacarga por $31,500, entre otros innumerables robos en el Taller de Mecánica.

El Informe devela otras deficiencias relacionadas con la falta de supervisión adecuada en la reparación de las unidades y en el proceso de preintervención de las facturas de las reparaciones. La Contraloría recomienda al respecto que se realicen evaluaciones de las condiciones de las unidades previo a contratar la reparación con talleres privados, se preparen informes de progreso y se mantenga evidencia de la evaluación final de la reparación.

El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2017.

Vea el Informe de Auditoría CP-20-02.

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