Informe de Auditoría DA-19-21 del Departamento de Transportación y Obras Públicas Directoría de Servicios al Conductor Centro de Servicios al Conductor de Caguas.
La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Centro de Servicios al Conductor de Caguas (CESCO) de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe reveló que la División de Investigación del CESCO de Caguas, no llevó a cabo las inspecciones requeridas de las estaciones de inspección antes de otorgar la licencia para operar y que faltaban documentos en los expedientes de renovación de las certificaciones de mecánicos. La región de Caguas tiene 44 estaciones de inspección y 109 mecánicos de inspección.
El Informe de tres hallazgos señala que, para la renovación de licencias de operación, no se inspeccionaron las instalaciones de los negocios de gestoría de licencias, ni de las escuelas privadas para enseñar a conducir. Algunas de estas situaciones contrarias a reglamentación ya se habían comentado en el Informe de Auditoría DB-06-30 del 25 de mayo de 2006.
Nuestros auditores identificaron que desde el 2014 al 2017, no se realizaron los inventarios semestrales de la propiedad y que las unidades de propiedad examinadas no tenían el Recibo de Propiedad en Uso. Estas situaciones aumentan el riesgo de pérdida, el uso indebido y otras irregularidades.
El Informe evidencia que no se realizaban inventarios físicos periódicos de los valores que se mantenían en el almacén y el Informe de Valores no informaba sobre los marbetes y tablillas sin decomisar. Al 30 de junio de 2017 el almacén contaba con 9,220 marbetes, 5,500 certificados de títulos, 4,000 certificados de inspección y 402 tablillas. La falta de inspecciones periódicas puede propiciar la comisión de errores e irregularidades en las operaciones del almacén.
El Informe comenta que al 2 de julio de 2018 el secretario de Transportación y Obras Públicas no había promulgado un reglamento o procedimiento escrito para regir el proceso de cobro de multas por las tardanzas en la radicación de registros y traspasos de vehículos de motor. Nuestros auditores hallaron tardanzas de hasta casi dos años en varias operaciones de registros y traspasos de vehículos de motor, hecho que privó al Gobierno de recaudar $6,000 correspondiente al cobro de esas multas. El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2018.
Vea el Informe de Auditoría DA-19-21.
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