En su último año en el cargo, la contralora auditará el acuerdo de la agencia con la empresa y el uso de los fondos federales CBDG

Fuente: Alex Figueroa Cancel. Periódico El Nuevo Día

Al entrar en su último año a cargo de la Oficina del Contralor, Yesmín Valdivieso pondrá el aparato fiscalizador de esa agencia sobre elDepartamento de Hacienda para auditar el contrato suscrito con la compañía OPG Technology para la venta de sellos y comprobantes a través de la internet.

En enero pasado, ese contrato -firmado en 2017- estuvo ante el escrutinio público, luego que Teresita Fuentes renunciara a la secretaría de Hacienda al tener reservas en torno a ese acuerdo, según publicó El Nuevo Día.

En entrevista con este diario, Valdivieso dijo que ya comenzó el análisis del contrato y que, a principios de este mes, recibió una presentación de parte de la compañía, presidida por Orlin P. Goble, en la que expusieron detalles del documento.

La contralora insistió, no obstante, que sus auditores revisarán que todo esté en regla.

“Lo leí (el contrato), y nos hicieron una presentación. Aparentemente, de la manera que funciona, es como tiene que funcionar. Claro, la presentación dice que están cumpliendo con todo”, sostuvo Valdivieso.

“Todavía yo tengo que ir allá (a Hacienda) y ver de verdad que, por ejemplo, si se supone que 10 personas reciban los informes, ¿las 10 personas lo están recibiendo?”, precisó.

Valdivieso entiende que el contrato a 10 años pudiera “sonar fuerte porque es de mucho dinero”. “Yo hubiera tratado que fueran unos por cientos menores”, comentó.

Ese contrato con Hacienda no refleja cuantía, pues la empresa cobra un porcentaje de las ventas por concepto de sellos y comprobantes, según establece el documento reseñado por este medio. En la fase de implementación del sistema, el cargo que pagaba Hacienda era de 3.6% del valor nominal de cada producto, y en la etapa de mantenimiento se reducía levemente.

“Cuando entremos a Hacienda, nos aseguraremos que se está cumpliendo con que los informes lleguen, que los depósitos se estén haciendo directamente a la cuenta del secretario de Hacienda y que se le pague como a cualquier contratista”, abundó.

Según supo El Nuevo Día, la preocupación de Fuentes obedeció a que algunos consultores le advirtieron que el contrato de OPG Technology supuestamente no salvaguarda los mejores intereses del gobierno de Puerto Rico. Ello, luego que ordenara evaluar ese pacto.

En medio de la controversia, el exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza dijo que, durante su incumbencia, canceló el contrato, que luego fue restituido por la presente administración, en marzo de 2017.

De acuerdo con fuentes de El Nuevo Día, el Departamento de Justicia estatal y agencias federales han solicitado información sobre el contrato. Goble ha reconocido que existe un “fraude millonario” con los sellos y comprobantes, pero afirmó que su empresa no está vinculada con las irregularidades y coopera con las autoridades.

Auditoría a fondos CDBG

Además del contrato en Hacienda, la agendade la contralora durante su último año en esa silla la encabeza la auditoría de miles de millones de dólares en fondos federales que pasarían por el Departamento de la Vivienda como parte de los esfuerzos para la recuperación de la isla tras el paso del huracán María.

“Aquí proyectamos qué auditorías vamos a hacer en los próximos tres años… No teníamos a Vivienda en nuestro plan de auditoría para este próximo año, pero si van a recibir miles de millones de dólares, pues tengo que incluirlo”, expresó Valdivieso.

Recordó que su oficina solamente puede realizar este tipo de análisis una vez se emiten los pagos, pero adelantó que no dejará pasar mucho tiempo antes de asegurarse de que el dinero producto de ese programa federal se está gastando de forma adecuada.

“No podemos esperar a que se acaben nueve mil millones de dólares para empezar a auditar. Definitivamente que no”, comentó.

Por el momento, la contralora considera que Vivienda ha establecido una estructura que le permitirá velar por el uso apropiado de los fondos CBDG, al designar auditores internos de la misma agencia para evaluar las transacciones día a día.

“Al menos en papel, entiendo que estamos preparados”, dijo Valdivieso, al reconocer que está al tanto de los cuestionamientos públicos del presidenteDonald Trump sobre el manejo de los fondos federales asignados a Puerto Rico. 

“Aunque no esté auditando todavía (en Vivienda), no significa que no sepa qué está pasando allí. Sí sé, además de que Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés) es la que tiene la responsabilidad primaria y es de las (agencias) que tiene más personal en la Oficina del Inspector General”, destacó.

Asimismo, apostó a que los acuerdos que establecería el gobierno con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores y otras entidades deben propiciar que los nuevos proyectos tengan una inspección más efectiva que las obras del programa “Tu Hogar Renace”, que sufrió de fallas significativas en el área de supervisión.

“Sí, yo entiendo que sí”, contestó Valdivieso cuando se le preguntó si consideraba que se había perdido dinero en las mejoras menores que se realizaron a través de “Tu Hogar Renace”, después que su agencia revisó las denuncias de ciudadanos en contra del programa.

Explicó que no pudieron realizar una auditoría oficial porque algunos inconvenientes que surgieron en las residencias que tomaron como modelo impidieron que pudieran tener una muestra “científica”, como exige la normativa sobre ese tipo de estudio.

De todas formas, dijo que visitaron 1,000 casas en toda la isla y, al final de ese proceso, su oficina pasó los resultados al Departamento de la Vivienda y al gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Mencionó que la mayoría de los problemas que identificaron fueron provocados por la falta de supervisión de subcontratistas que hacían trabajos para cumplir con las cantidades de hogares y fechas asignadas, aun cuando las condiciones no eran adecuadas para realizar las labores.

Así documentaron, por ejemplo, techos arreglados bajo la lluvia y gabinetes nuevos instalados en cocinas sin techo.

“Pero la molestia mayor de la gente se debió a que la forma en que vendieron el programa creó la expectativa de que iban a reparar toda la casa, pero eran fondos del programa STEP, que es para hacer ciertas reparaciones específicas de emergencia”, expuso Valdivieso.

Pendiente a los fantasmas

De otra parte -y sin entrar en detalles-, Valdivieso dijo que hace algún tiempo su personal había comenzado a auditar el área de Recursos Humanos del Capitolio y prestó particular atención a las alegaciones sobre supuestos “empleados fantasmas”.

Esas denuncias están bajo una pesquisa del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), según ha reconocido la misma agencia.

Cuando se le preguntó a Valdivieso si su auditoría había tenido algún hallazgo, se limitó a contestar: “No te puedo decir… Sé que han habido ciertas cosas, de personal que no está (trabajando) en San Juan, pero que podría estar en las oficinas de distrito. No tengo nada para informar ni que hayamos hecho algún referido. Lo estamos mirando”.

La contralora dijo estar más impresionada por los señalamientos que han surgido en el caso contra el exlegislador novoprogresista Ramón Rodríguez Ruiz, acusado por fraude, en el sentido de que presuntamente creó organizaciones sin fines de lucro “fantasmas” para poder recibir fondos asignados por la misma Asamblea Legislativa.

“Eso le levanta los pelos a cualquiera”, aseveró.

Su último tramo

Después de haber sido nombrada al cargo por el exgobernador Luis Fortuño en 2010, el término de Valdivieso expira el 30 de junio de 2020.

La ley dispone que el titular de la Oficina del Contralor puede continuar en el cargo luego que venza su término hasta que se nombre un sustituto, como ocurrió con su predecesor, Manuel Díaz Saldaña, quien estuvo tres años más.

Pero Valdivieso tiene la impresión de que el gobernador designará a alguien antes de las elecciones generales de ese año. No precisó en qué fundamenta su parecer.

“Aquí, estamos prestados… No voy a decir si me quiero quedar. Tengo que decir que ha sido un privilegio y que, gracias a Dios, me queda un año para asegurarme de que los objetivos los cumplí”, expresó.

Antes que llegue ese momento, dijo que busca poner al día algunas auditorías atrasadas, como las de municipios, que por ley tienen que ser cada dos años, y añadir más personal a la plantilla, luego que la agencia perdiera sobre 130 empleados por limitaciones fiscales.

Entre sus satisfacciones, destacó la creación de la División de Análisis de Bases de Datos y Forense Digital porque considera que ha sido una herramienta valiosa en las auditorías de su oficina y en pesquisas en colaboración con otras agencias.

“Antes de entrar, lo pensé mucho porque, al llegar aquí, es muy fácil olvidarte que vienes a auditar cómo se usaron los fondos públicos y puedes entrar a criticar políticas públicas”, apuntó Valdivieso. 

“Un auditor no está para eso. Solo puedo decir que una política pública funcionó o no si lo puedo probar a través de una auditoría”, añadió.