Expertos advierten que los mensajes a través de Telegram pueden constituir documentos públicos

Fuente: Laura M. Quintero - endi.com - viernes, 8 de marzo de 2019 

El creciente uso de aplicaciones como Telegram -cuya característica principal es la corta vida de sus mensajes- representa un desafío para la fiscalización de la administración pública y el acceso a la información.

Así coincidieron estudiosos de la administración pública, evidencia digital y derechos constitucionales, al ser abordados por El Nuevo Día acerca del uso de estas nuevas tecnologías para sostener comunicaciones entre funcionarios públicos.

Este diario realizó un escaneo de la aplicación Telegram y encontró que existen más de 100 personas vinculadas al quehacer gubernamental en la isla -entre funcionarios electos, personal de confianza y contratistas por servicios profesionales- que la usan regularmente, lo que denota una tendencia.

Aplicaciones como Telegram y Signal no solamente envían mensajes cifrados como mecanismo de privacidad, sino que permiten la autodestrucción de los textos en el celular, tanto de la persona que los envía como de quien los recibe, en el tiempo que disponga el usuario.

Las conversaciones a través de esta herramienta podrían terminar burlando el derecho de acceso a la información pública, coincidieron los expertos consultados, máxime si es usada por empleados de gobierno para tratar asuntos administrativos a instancias de sus superiores.

“Hay una ley que obliga a la preservación y hay un delito que establece que no se pueden destruir documentos públicos”, planteó el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez, consultor en evidencia digital de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y exmiembro del comité asesor permanente de Reglas de Evidencia.

Abordado por este diario, el ex archivero general y profesor de justicia criminal Samuel Quiñones García explicó que las comunicaciones oficiales son documentos públicos sin importar la plataforma que se utilice. Bajo ese análisis, enviar mensajes que se autodestruyan podría constituir una destrucción de documentos públicos, enfatizó.

“Lo que hace que un documento sea público no es la plataforma ni el medio en el que se transmite… Es el contenido. Una foto o ‘screen shot’ es un documento público si tiene que ver con un acto administrativo”, recalcó Quiñones García, quien tiene 30 años de experiencia en el manejo de documentos públicos.

Desde 1955, el gobierno promulgó la Ley de Administración de Documentos Públicos que pretendía crear una estructura para la conservación y disposición de toda documentación sobre la gestión pública. Cada agencia debe tener un inventario de documentos y remitir cualquier solicitud de disposición al Programa de Administración de Documentos Públicos del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), según el reglamento 4284 de la Administración de Servicios Generales (ASG).

Con el uso de las nuevas tecnologías, se dificulta la puesta en vigor de esa ley por la duplicidad de plataformas a la disposición de empleados y funcionarios públicos para sostener comunicaciones oficiales o compartir documentos, coincidieron múltiples fuentes consultadas para este reportaje.

Más de medio siglo tras haber encaminado la política sobre la administración de documentos públicos, la gobernanza democrática se ha topado con nuevos desafíos para el acceso a la información con la aparición de tecnologías más sofisticadas para la comunicación electrónica. Esto representa un reto para la fiscalización de las decisiones de administración pública, sobre todo cuando se sostiene desde propiedad privada.

No se guardan emails

“Uno de los mayores problemas que tenemos son los emails. Se dan muchas instrucciones por email y no se están guardando. No hay un archivo. Eso es una de las cosas que entiendo que (hace que) más información estemos perdiendo”, observó Ricardo Acosta Acosta, director de la División de Análisis de Datos, Forense Digital y Desarrollo Tecnológico de la OCPR.

El gerente de esa división, José Candelas Vázquez, mencionó que “es una práctica común” que funcionarios públicos accedan a sus cuentas de correos electrónicos privados desde las computadoras asignadas por el gobierno. Indicó que, si esas comunicaciones desde cuentas privadas sirven como evidencia de algún delito, se incluye como parte de la auditoría.

No obstante, la división de Forense Digital de la OCPR aún no ha incautado equipo privado dentro del total de 427 medios electrónicos procesados desde su creación en 2011. 

Posterior a la publicación de este artículo, la OCPR aclaró que ha incautado siete equipos privados, aunque inicialmente dijeron que no.

Para el gerente de Seguridad en Sistemas de la OCPR, Esteban Santiago De Jesús, el uso de los dispositivos personales por parte de funcionarios representa otro de los retos de la oficina en su rol de fiscalizar, pues no existe una política pública que lo regule.

En anticipo a esta controversia, la OCPR preparó un borrador de normas para el uso de los equipos personales, particularmente luego de que el gobierno suspendió la compra de celulares con fondos públicos como parte de su declaración de emergencia fiscal mediante la Ley 66 de 2014. Emmanuelli Jiménez, quien participó en la elaboración de ese documento, lamentó que todavía el Estado carezca de una política pública sobre el uso de teléfonos celulares privados, pues esto crea incertidumbre y elimina la expectativa de privacidad.

“Están convirtiendo el equipo en uno en el cual el Estado puede intervenir para rescatar información o indagar sobre las actividades de ese empleado en la gestión pública. El que no exista una normativa clara crea todas estas dudas”, expuso el abogado.

La contralora Yesmín Valdivieso Galib coincidió con Emmanuelli, y afirmó que “en el momento en que tú empieces a utilizar propiedad tuya para trabajar, ya nosotros podemos entrar y revisarla”.

Asimismo, el abogado constitucionalista Carlos Ramos González dijo que usar propiedad privada para fines públicos no es suficiente para burlar la definición de documento público.

“Imagínate para lo que eso se presta. Sobre todo, en estos tiempos donde hay escasez de materiales en el gobierno. Se presta, por supuesto, para dejar en las manos de ese funcionario exclusivamente lo que es o no de interés público”, observó.

Quiñones García, quien también es miembro del Comité Asesor del Archivo General, opinó que si las comunicaciones oficiales desaparecen mediante estas tecnologías, podría constituir destrucción de documentos públicos en la medida en que prohíben la revisión de los actos administrativos y posiblemente burlando las leyes que se promulgaron para dar uniformidad a la gestión pública.

“No puedes tramitar actos administrativos que no sea a través de documentos públicos. Si no, se presta para el capricho, la arbitrariedad, todo lo que se supone que prohíbe la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, recalcó. “El acceso al acto administrativo -como contenido y como proceso- es fundamental en un sistema democrático porque es lo que distingue de un sistema autoritario”, agregó el doctor en Derecho Administrativo.