La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales relacionadas con el manejo y control del presupuesto operacional, los desembolsos, la construcción de obras y mejoras permanentes, y las recaudaciones del Municipio de Cayey. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela que el Municipio no celebró subasta pública para llevar a cabo trabajos adicionales por $3.6 millones para la ampliación y mejoras del Hospital de Área del 2013 al 2015. Estos se realizaron mediante 24 órdenes de cambio y un contrato supletorio. Además, la cuantía del contrato supletorio excedió el límite del 15% establecido por Ley para las alteraciones en las obras de construcción, y las obras relacionadas al contrato supletorio comenzaron dos años antes de obtener el permiso de construcción de la Oficina de Gerencia de Permisos.

La auditoría de seis hallazgos señala que la adjudicación de la subasta para la construcción del Hospital y la formalización del contrato de construcción por $6 millones, se realizaron sin contar con los fondos necesarios para pagar los trabajos. El Municipio tampoco registró la obligación de fondos previo a la otorgación de varios contratos y en cinco órdenes de cambio, hasta 411 días luego de terminada la obra.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, el Municipio gastó más de $100 mil en la participación de 135 personas en la Fiesta Boricua de Bandera a Bandera de 2015 en Chicago. Este gasto no era indispensable ni necesario para el desempeño de las funciones que por ley se le ha encomendado al Municipio ni se ajusta a las normas de austeridad que debe imperar en el uso eficiente y efectivo de los fondos públicos en tiempos de crisis económica.

El Municipio pagó $22,498 en multas, intereses y penalidades, por deficiencias en las remesas del seguro social federal al Servicio de Rentas Internas Federal, por remesar tarde el IVU al Departamento de Hacienda y por tardanzas en el rembolso de renta pagada en exceso a la Administración Federal de Servicios Generales.

Nuestros auditores identificaron 193 empleados clasificados como transitorios hasta por 22 años. Por ley y reglamento los nombramientos transitorios no deben exceder el año para que no se desvirtúe el principio de mérito en el servicio público, entre otras razones. Además, del 2012 al 2017, el Municipio registró contratos y enmiendas en la Oficina del Contralor, hasta dos años más tarde de lo dispuesto por el Reglamento 33 sobre Registro de Contratos.

El Informe comenta que al 28 de febrero de 2017, el Municipio tenía 19 demandas civiles por $11.9 millones pendientes de resolución por los tribunales, una querella de una exempleada en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y  un caso en la Comisión Apelativa del Servicio Público.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2012 al 28 de febrero de 2017.

Vea el Informe de Auditoría M-18-27.

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