La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión cualificada sobre las transacciones relacionadas con los ingresos y las cuentas por cobrar del Consejo de Educación de Puerto Rico. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela que el Consejo de Educación de Puerto Rico se tardó hasta más de cuatro meses en la contratación de contadores públicos autorizados para preparar los estados financieros (Single Audits) de los años fiscales del 2012 al 2015. La Ley 273-2013, de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías Externas de Entidades Gubernamentales, dispone que la contratación se debe efectuar 90 días antes del cierre del año fiscal a ser auditado.

Esta situación impidió cumplir con lo dispuesto en el Single Audit Act Amendments of 1996 que requiere remitir información sobre el uso de los fondos federales recibidos. Además, podría afectar la asignación futura de fondos, poniendo en riesgo las ayudas económicas que se les proveen a los estudiantes, entre otras consecuencias.

La auditoría comenta que al 17 de febrero de 2017, sólo 287 de 1,292 escuelas del Departamento de Educación, tenían licencia de autorización contrario al Artículo 11 del Plan de Reorganización Num. 1 del 26 de julio de 2010. El Plan establece también que será obligatorio la acreditación de las escuelas por parte del Consejo de Educación de Puerto Rico. Después de cuatro años de la vigencia del Plan –en el 2015-, sólo el 22% de las escuelas tenían licencia de autorización y de estas sólo el 8% estaban acreditadas.

El Informe de un hallazgo cubre el periodo del 1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2016.

Vea el Informe de Auditoría CP-18-10.

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