La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión parcialmente adversa de las operaciones fiscales del Municipio de Guaynabo. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación relacionadas con las obras de construcción y subastas.

El Informe señala que contrario a la Ley 173 de 1988, el Municipio contrató para inspeccionar tres proyectos de construcción, a una corporación regular en vez de una corporación de servicios profesionales como dispone la ley. Además, pagó $710,000 a dicha corporación cuyo presidente no estaba autorizado a ejercer la profesión de ingeniería ya que su colegiación fue suspendida en el 2008. La Oficina del Contralor remitió estas situaciones el 5 de julio de 2016, al Secretario de Justicia, al Presidente de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, y al Presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

La auditoría de 11 hallazgos revela que el Municipio fraccionó cinco obras de construcción que suman $700 mil para evitar celebrar subasta pública. La ausencia de una subasta formal puede dar lugar a que se favorezca a licitadores particulares y una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-14-12 de 2013.

El Anejo 1 muestra algunas de las 11 esculturas de bronce, 15 zafacones ornamentales y otras esculturas que el Municipio compró por $764,695 sin celebrar subasta pública. Además, la Vicealcaldesa aprobó entre el 2014 y 2015, nueve enmiendas al contrato que desde el 2008 mantenía con una compañía privada para el mantenimiento de la flota vehicular, sin que ésta compitiera en la solicitud de propuestas que se abrió en junio de 2014 para ofrecer este servicio. Esta situación resta confiabilidad en los procesos y propicia el favoritismo.

Nuestros auditores identificaron que el Municipio contrató tres proyectos de construcción por $9.1 millones sin obtener los permisos de la Oficina de Permisos Urbanísticos. Además, se realizaron múltiples obras sin la aprobación de la Junta de Subastas, sin contrato formalizado y sin el pago requerido de las fianzas.

Otros hallazgos se refieren al pago en exceso de $13,400 por servicios de adiestramiento a jóvenes, deficiencias con los donativos otorgados a entidades sin fines de lucro y 369 empleados clasificados como transitorios que excedían hasta por 23 años el año probatorio reglamentario.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014

Vea el Informe de Auditoría M-17-42.

Infografía

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