La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión parcialmente adversa sobre las operaciones fiscales del Municipio de Guánica relacionadas con las obras y mejoras permanentes, y el arrendamiento de algunas instalaciones municipales.

El Informe revela que el Municipio fraccionó la remodelación del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) Dr. Juan Santiago en cuatro contratos a tres contratistas por $730,000. Esta cantidad ascendió a $916,007 tras una orden de cambio y siete aditivas. Los costos individuales no excedieron el límite establecido por ley de $200,000, por lo cual el Municipio no celebró subasta pública. El Municipio tampoco le exigió a los contratistas las fianzas y pólizas requeridas antes de formalizar los contratos. Esta situaciones impiden la libre competencia y dejan sin garantías al Municipio en caso de que los contratistas no terminaran la obra.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que se construyeron cuatro proyectos sin los permisos previos de la Oficina de Gerencia de Permisos como dispone la Ley 161-2009. El CDT, por ejemplo, obtuvo el permiso de construcción seis meses luego de otorgado el primer contrato de su remodelación. El Monumento a los Soldados y el Paseo de los Guaniqueños tampoco obtuvo el endoso del Instituto de Cultura Puertorriqueña requerido por su ubicación en la Plaza de Recreo.

Nuestros auditores identificaron que el Municipio no había cobrado $47,118 en arbitrios de construcción ni retuvo dicho importe en los pagos efectuados a los contratistas cuyos contratos ascendieron a $1.1 millón. Como consecuencia, Guánica dejó de recibir esos ingresos para atender necesidades operacionales.

El Informe publica que los directores de Finanzas no obligaron los créditos presupuestarios de casi $1 millón para el pago de los contratos. Además, el Municipio dejó de cobrar $68,665 del arrendamiento de los centros comunales y el Club Puertorriqueño de Ensenada-Guánica al cederlos gratis.

Al 30 de junio de 2015 el Municipio tenía 11 demandas civiles por $2.8 millones pendientes de resolución en los Tribunales y 48 casos presentados por los empleados ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. Además, no había recobrado unos $76,000 que le recomendamos en auditorías anteriores del 2010 y 2014.

El Informe cubre el periodo del 1 de marzo de 2013 al 30 de junio de 2015.

Vea el Informe de Auditoría M-17-36.

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