fuente: El Vocero
por: Laura Quintero
15 de julio de 2016

Demócratas y republicanos se han acercado a la contralora Yesmín Valdivieso, pero la funcionaria solo le interesa ayudar con las auditorías

La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, ya se encuentra traduciendo al inglés los hallazgos más importantes de su oficina para que cuando llegue la Junta Federal de Control Fiscal, los trabajos de reorganización administrativa, reducción y eficiencia gubernamental tomen en consideración las fallas detectadas en las auditorías.

La ley federal PROMESA dispone para que se le dé acceso a la junta a todos los contratos, lo cual resulta un sinsentido para la contralora porque ya son públicos. No obstante, su oficina se está preparando para la llegada de esta nueva autoridad.

Dado a que el trasfondo profesional de los miembros de la junta aún es desconocido, la contralora se encuentra traduciendo al inglés un informe descriptivo de todas las agencias y corporaciones públicas, para que estas personas ajenas al funcionamiento y cultura del gobierno, puedan comprender el organigrama de los programas gubernamentales y los fondos con los que se nutren, previo a cualquier toma de decisiones.

Su oficina traduce, además, un resumen de los hallazgos más importantes de cada unidad gubernamental, para recomendar que se inicien los trabajos de reorganización administrativa, en las áreas con resultados más adversos.

Consciente de los cambios políticos que implica esta junta, la contadora se ha estado moviendo entre el contralor federal, la Oficina del Comisionado Residente y cabilderos para lograr que las auditorías tengan un rol predominante en los trabajos que realice la junta.

En la búsqueda de personas para ocupar una silla en la junta, incluyendo al menos una que sea residente de Puerto Rico, demócratas y republicanos han auscultado el interés de la contralora, confesó. “Le dije que yo no puedo formar parte de esa junta. Nosotros somos auditores. Yo lo que quiero ser es un asesor de la junta, porque si sale a contratar a unos consultores… que nos lo pidan a nosotros, le podemos decir cuáles son los problemas y les va a salir gratis”, defendió.

Valdivieso se expresó preocupada con que esta nueva autoridad en Puerto Rico cometa los mismos errores que ha cometido el gobierno durante décadas, en términos de contratar firmas externas de asesoría, en lugar de usar la pericia de los recursos internos, o de tomar decisiones de despidos y recortes sin el debido análisis de las consecuencias.

Recordó que en el caso de la Ley 7 de 2009, promulgada por la administración de Luis Fortuño, se despidieron miles de empleados públicos sin una evaluación adecuada del personal con que contaban las agencias. Ese fue el caso, por ejemplo, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), que estuvo dos años sin tramitar facturas porque bajo la Ley 7 se despidieron a toda la plantilla del departamento de cobro. Se terminó contratando una firma externa para hacer la labor.

“Esa es una de las cosas más importantes que yo les tengo que traer a esta junta, porque todo el mundo piensa que eso es lo primero que van a hacer: despedir empleados públicos. Yo voy a tener que decirles que si van a despedir empleados, tienen que primero hacer un análisis”, dijo para evitar que se cometa el mismo error que en el pasado. Aseguró que también se pueden transferir empleados a agencias de mayor necesidad.

Se expresó preocupada también con que la llegada de esta junta represente otra amenaza a su oficina, que en más de diez años ha obtenido una reducción de $4 millones en su presupuesto. Exhortó tanto a la junta como a los candidatos a la gobernación a aprovechar la pericia de los auditores para hacer un trabajo bien documentado.