Fuente: Metro Puerto Rico - 05 de junio 2024

Según un informe de la Oficina del Contralor que detalla irregularidades en operaciones fiscales de la agencia

La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió un informe donde se revelan deficiencias en la gestión de recursos y el cumplimiento de las normativas legales en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentra la falta de un registro de inventario preciso de las instalaciones deportivas y recreativas, lo que ha generado discrepancias significativas en los informes presentados. Estas deficiencias han retrasado el proceso de reclamación de fondos federales y podrían haber resultado en pagos indebidos por servicios y seguros.

“Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron que las operaciones del Departamento, en lo que concierne a la propiedad mueble e inmueble y la preparación y remisión de informes por requerimiento de ley, no se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables”, reza el informe.

Además, la auditoría señala la falta de cumplimiento con disposiciones legales, como la constitución de entidades como el Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación Física, y la falta de rendición de informes anuales sobre el uso de fondos destinados al desarrollo del atleta puertorriqueño de alto rendimiento.

El informe también destaca la falta de remisión oportuna de auditorías y documentos requeridos a agencias federales y la Oficina del Contralor, así como deficiencias en el registro de la propiedad mueble, lo que dificulta el control adecuado de las operaciones y la preparación de estados financieros.

Asimismo, se encontraron irregularidades en las instalaciones de la Oficina Regional Noroeste del Departamento, donde se hallaron edificios abandonados y enseres deteriorados, lo que evidencia un deficiente mantenimiento de las infraestructuras.

El informe, que abarca el período del 1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2023, recomienda tomar medidas correctivas para abordar las deficiencias detectadas y asegurar el cumplimiento de las normativas legales y regulatorias.