La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Administración de la Vivienda Pública del Departamento de Vivienda. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que la Administración de la Vivienda Pública, realizó pagos por $140,761 por servicios profesionales sin que mediara un contrato entre las partes. Los servicios prestados de adiestramientos, tasaciones, charlas motivacionales, talleres y animaciones, se realizaron mediante órdenes de compra del 18 de mayo de 2017 al 21 de julio de 2021.

Esta situación es contraria a la Ley 237-2004 que dispone que todo servicio profesional de labor intelectual, creativa o artística, entre otras, debe ser obtenido mediante contrato escrito y prospectivo.

La auditoría de un hallazgo señala que la Administración solicitó una propuesta a un sólo proveedor para los servicios de clínicas acuáticas a niños y jóvenes de los residenciales públicos, en vez de un proceso de competencia. Al respecto, se efectuaron pagos indebidos por $85,150, y se privó a otros proveedores la posibilidad de participar en los procesos de adquisición como dispone el Manual de Adquisiciones.  Estos pagos se realizaron con los fondos operacionales del US Department of Housing and Urban Development.

La Contraloría determinó que el administrador auxiliar del Área de Programas Comunales y de Residentes, pudo incurrir en una posible violación de la Ley 1-2012. Este funcionario no era el encargado de Adquisiciones y participó activamente en el perfeccionamiento de la propuesta antes de presentarla a la Administración. Esta situación se refirió a la evaluación de la Oficina de Ética Gubernamental el 4 de mayo de 2023.

Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021, la Administración recibió $1,929,567,862 en fondos federales, $1,179,000 en asignaciones legislativas, y generó $263,601,107 en ingresos propios para un total de $2,194,347,969. Además, realizó desembolsos por $2,070,464,273, para un saldo de $123,883,696.

oLa auditoría le recomienda al secretario de la Vivienda y al presidente de la Junta de Gobierno que cumpla con las recomendaciones del Informe y se corrijan y no se repitan las situaciones comentadas en el Hallazgo.

Este segundo informe de la Administración de Vivienda Publica, cubre el periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2021.

El Informe de Auditoría OC-24-32 se puede conseguir en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr.