Informe de Auditoría OC-24-27 del Municipio de Ponce
La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Ponce. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Municipio enmendó el contrato de $84,500 para la construcción de una verja y tres mallas en el Auditorio Juan Pachín Vicens, sin haber solicitado cotizaciones para la construcción adicional de tres pórticos por $60,000. Esta situación contraria a la legalidad vigente, impidió que el Municipio tuviese alternativas de mejores ofertas a su consideración.
La auditoría de cinco hallazgos señala múltiples deficiencias con las conciliaciones bancarias y los inventarios de recibos y cheques. Por ejemplo, al 15 de junio de 2022, la preparación de las conciliaciones de las cuentas de Nómina y de Concentración estaban seis meses atrasada, y la conciliación de la cuenta de Libramiento, nueve meses atrasada. Además, el tesorero municipal, al asumir la responsabilidad del manejo de los cheques en blanco y las libretas de recaudaciones, no realizó un inventario, y el contador delegado para preparar el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos, no imprimía el Informe Mensual ni procuraba la aprobación de la directora de Finanzas.
Por otro lado, se hizo una transferencia de créditos por $649,050, sin la autorización de la Legislatura el 5 de febrero de 2020. Para efectuar esta transferencia, que rebajó las asignaciones presupuestarias de 39 partidas, se utilizó una resolución que no estaba firmada por la entonces alcaldesa. Esta situación no permite mantener un control de los balances en los fondos y partidas presupuestarias, entre otras.
Los auditores detectaron que al 77% de los expedientes de los participantes del Programa de Asistencia Económica para el pago de hipotecas atrasadas, le faltaba la certificación o carta que validara que los participantes no habían recibido asistencia de otro programa federal. Este porciento representó la cantidad de $97,485 en pagos a los bancos. El Programa asistió a los dueños de viviendas afectados por la crisis económica tras la pandemia del COVID-19. Esta deficiencia podría afectar adversamente futuras asignaciones de fondos federales.
La encargada de la propiedad del Municipio, no realizó el inventario físico anual de la propiedad mueble desde el 2019 al 2021. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-21-24 del 29 de octubre de 2020.
La auditoría comenta que el Municipio tuvo que pagar $100,000 al Departamento de Energía de los Estados Unidos, por haber contratado servicios profesionales para la instalación de un sistema fotovoltaico sin haber obtenido al menos, tres propuestas. Este hallazgo de incumplimiento con la regulación federal, publicado en el Informe de Auditoría M-16-49 de 2016, provocó el reclamo de estos fondos del Energy, Efficiency and Conservation Block Grants.
Además, el Municipio tuvo que pagar $50,000 para poner fin a las demandas presentadas por empleados municipales. Este desembolso disminuyó los recursos de Ponce para atender otras necesidades y servicios a los ciudadanos.
Al 30 de agosto de 2022 estaban pendientes de resolución por los tribunales, 17 demandas civiles presentadas contra el Municipio por la suma de $4,709,215.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Ponce cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.
El presupuesto del Fondo General del Municipio fue de $82,733,960 para el 2018, $82,436,605 para el 2019, $82,546,631 para el 2020, $93,852,685 para el 2021 y $92,342,794 para el 2022.
Los estados financieros auditados reflejaron déficits acumulados por $48,311,306 para el 2018, $33,058,781 para el 2019, y $21,904,236 para el 2020. Para los años fiscales de 2021 y 2022, los estados financieros reflejaron superávits de $3,605,502 y $5,774,487, respectivamente. Este segundo y último informe de Ponce, cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021.
Vea el Informe de Auditoría OC-24-27.
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