La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (Autoridad). Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que la Autoridad desembolsó de forma ilegal $17,665 por trabajos que no estaban incluidos en las partidas originales del contrato y que se realizaron antes de ser aprobados por el director ejecutivo. El contrato original firmado en el 2016 para realizar mejoras a la seguridad de la carretera PR-129 entre Arecibo y Lares era de $2,992,000, cantidad que aumentó a $3,784,018, tras la aprobación de siete enmiendas.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que la Autoridad no mantuvo un control adecuado de los servicios subcontratados y realizados antes de ser aprobados. El director del área de construcción no se aseguró que el contratista cumpliera con lo establecido en el Manual de Especificaciones.

Además, la Autoridad no obtuvo la evidencia de que el contratista haya cumplido con el Disadvantage Business Enterprise Program. Este programa del Departamento de Transportación de los Estados Unidos, tiene el propósito de garantizar que no se discrimine en la adjudicación y administración de contratos de construcción. Del examen realizado, se halló que la Autoridad no supervisó el cumplimiento del contratista ya que éste ajustó sin autorización el importe de los trabajos subcontratados, y remitió hasta tres años mas tarde la evidencia de desembolso a los subcontratistas.

Los auditores identificaron reglamentación interna que rige los proyectos de construcción que data, la más antigua, del 1975. Esta situación indica que los funcionarios no cumplieron con sus funciones administrativas de revisar esta reglamentación que incluye dos manuales, cinco procedimientos y siete reglamentos.

Contrario a la reglamentación vigente, la Autoridad pagó el trabajo de 12 proyectos relacionados con la montura de rótulos y señales viales entre el 2016 y 2017, sin la firma del inspector. Además, el administrador del proyecto no preparó las minutas de las reuniones realizadas, y presentó el informe diario de actividades, tres años y medio más tarde.

De este modo, el administrador del proyecto no cumplió con sus responsabilidades. Esta situación tiene el efecto de que la ausencia de estos documentos limita el alcance de los trabajos de la Oficina del Contralor y de otras entidades fiscalizadoras.

El informe de la Autoridad, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2020.

Vea el Informe de Auditoría CP-23-04.

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