La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Aguada. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que, en el proceso de selección y reclutamiento al servicio de carrera, no entrevistaron a seis de los 11 candidatos elegibles al puesto de analista de recursos humanos. Además, el Comité de Selecciones comunicó al entonces alcalde un sólo candidato, en vez de los cinco mejores cualificados, para cada uno de los 17 puestos abiertos en las convocatorias a empleo publicadas en julio de 2020.  Esta deficiencia ocasionó que el alcalde no tuviera todas las alternativas disponibles para seleccionar los candidatos más idóneos a los puestos.

La auditoría de dos hallazgos señala que al 31 de diciembre de 2022 no se habían realizado evaluaciones de desempeño a los empleados cada 12 meses según dispone la Ordenanza 16 del 4 de marzo de 2003. Además, al 30 de junio de 2021, no se habían actualizado los reglamentos de personal para los empleados de carrera y de confianza aprobados el 31 de diciembre de 2004. Estas situaciones no permiten una administración adecuada del personal, y puede tener consecuencias adversas para el Municipio.

El Informe comenta que el exalcalde autorizó en diciembre de 2020, la reinstalación de 12 funcionarios de confianza a puestos de carrera. Una firma consultora evaluó las reinstalaciones en el 2021 y concluyó que a ocho de los empleados se le otorgaron sueldos superiores al máximo de las escalas aprobadas, a tres sueldos inferiores y a uno el mismo sueldo.

A tales efectos el alcalde notificó ajustes a los salarios y el recobro de lo pagado en exceso. Además, cesó a una de las empleadas ya que su nombramiento en el servicio de carrera fue ilegal.

Conforme al Código Municipal de Puerto Rico, el Municipio le envió nota de cobro por $27,650 al exalcalde y a las exdirectoras de Finanzas y Presupuesto y de Recursos Humanos, alegando responsabilidad solidaria y que las deudas se cubrirían de cualquier balance de pago que tenga el Municipio con los empleados.

De hecho, el exalcalde demandó al Municipio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en reclamo de $18,466 por concepto de la liquidación global de licencias acumuladas.

La auditoría comenta que Aguada tuvo que desembolsar $35,000 sin recibir servicio alguno como pago de una demanda por discrimen político que una empleada presentó en el 2016. Al 30 de junio de 2021, nueve demandas civiles por $5,737,933 estaban pendientes de resolución en los tribunales y seis casos presentados estaban pendientes de resolver ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.

El Informe le recomienda al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor, entre otras. Este segundo y último informe de Aguada cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2021.

Vea el informe de Auditoría M-23-04.

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