Fuente: Yaritza Rivera Clemente, EL VOCERO10/08/2022

El germen de la corrupción -que acecha la política y se vuelve notorio cuando se revelan esquemas como el que se le imputa a la exgobernadora Wanda Vázquez, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Mark Rossini- trae consigo un costo social que trasciende lo económico.

Las pérdidas anuales que causan los actos de corrupción en Puerto Rico se han estimado en un 10% del presupuesto gubernamental, indicó a EL VOCERO la contralora Yesmín Valdivieso. La funcionaria destacó que hay unos costos asociados que no se pueden monetizar, como la dilación de los servicios y funciones de las agencias afectadas, sin contar el impacto en la recuperación de la Isla y el efecto negativo en la imagen del País.

El cálculo de 10% de pérdidas implica que de un presupuesto del Fondo General de $12,400 millones para las operaciones diarias del gobierno de Puerto Rico, se malgastan unos $1,240 millones. Si se toma en consideración el presupuesto consolidado del gobierno de $28,000 millones, la pérdida rondaría los $2,800 millones. 

¿Consideras que el gobierno puede hacer más para frenar la corrupción?

“La corrupción le cuesta muchísimo al fisco. Un solo dólar que se pierde, es un dólar que no llega para que el gobierno siga operando bien. Nosotros (la Oficina del Contralor) siempre hablamos de un 10%, que es más o menos lo que se estima de pérdida. No hay un estudio, pero siempre se ha estimado en esa cantidad”, reiteró.

“La corrupción cuesta todo y nos hace daño a todos como pueblo. Este no es un problema de dos o tres personas que hicieron algo mal, este es un problema de cómo afecta a la ciudadanía lo que esos dos o tres hicieron mal”, aseveró la funcionaria.

Mientras, el impacto de la corrupción a nivel global se estima que ronda los $3.6 billones anuales, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), una organización internacional independiente. La cifra equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto mundial, según esa entidad que reconoce que es imperativo combatir la corrupción.

El arresto de la exgobernadora

Valdivieso reconoció que los señalamientos contra Vázquez -quien enfrenta tres cargos por conspiración, soborno y fraude electrónico- así como los recientes arrestos de alcaldes o ayudantes municipales laceran la confianza del pueblo en los funcionarios.

Admitió, además, que en su oficina “no estuvimos envueltos en nada de estas acusaciones” contra la exgobernadora, al tiempo que defendió el trabajo de fiscalización que realizan las entidades gubernamentales y la oficina que dirige.

Asimismo, destacó que el problema social de la corrupción debe trabajarse desde el hogar, por medio de la enseñanza de valores.

A repensar sistema de justicia

Para el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, la corrupción tiene un impacto socioeconómico devastador que provoca la degeneración de la sociedad. Al igual que Valdivieso, dijo que este mal provoca la desconfianza en los funcionarios e instituciones gubernamentales, lo que afecta la estabilidad y progreso del País.

Justicia ha completado 37 investigaciones con referidos al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), entre las cuales se encuentran los casos de alcaldes, exalcaldes y otros funcionarios de distintos partidos políticos, según Emanuelli, y tiene otras 22 investigaciones en curso.

“Es tiempo de repensar nuestro sistema de justicia y realizar cambios significativos para combatir la corrupción”, sostuvo. Agregó que Justicia ha estado evaluando e identificando recursos para reforzar la División de Integridad Pública, que investiga y procesa criminalmente toda conducta delictiva cometida por un funcionario. 

Mencionó que la legislación actual impone limitaciones para investigar a los funcionarios a nivel local, por lo que ha estado en reuniones con funcionarios del Ejecutivo y la Legislatura y ha hecho recomendaciones para reforzar esas pesquisas.

Emanuelli reafirmó que el sistema de ley y orden federal y el estatal no están en igualdad de condiciones y que las diferencias entre estos son en extremo amplias y significativas. Indicó que mientras las autoridades federales tienen años para realizar sus investigaciones, en el plano local solo se le concede 90 días a Justicia para completar una pesquisa preliminar y hacer un referido al PFEI. El término solo se puede prorrogar 90 días adicionales si se justifica y ese organismo lo autoriza.

“Reitero que el Departamento de Justicia no tiene una competencia con las autoridades federales; todo lo contrario, trabajamos en colaboración, compartimos información y recursos. Lo importante es que se investigue y se procese a todo aquel que incurra en actos de corrupción, así como cualquier tipo de delito. Nuestro pueblo merece funcionarios e instituciones que le sirvan con integridad y honradez”, puntualizó Emanuelli.

Explicó que la legislación vigente en Puerto Rico tampoco permite que se utilicen herramientas como las grabaciones, que están disponibles a nivel federal para obtener evidencia. De igual manera, en el ámbito federal no se le tiene que notificar a la persona objeto de investigación hasta el momento de la radicación de cargos, mientras que a nivel local se debe notificar al investigado cuando se le refiera al PFEI. 

El costo electoral

Por otro lado, cada vez que se acusa a un alcalde o legislador por corrupción queda vacante su silla, por lo que se tiene que celebrar una elección especial para llenar el cargo. Esto se traduce en otro gasto. 

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, dijo a EL VOCERO en junio pasado que el gasto por estas elecciones especiales pequeñas fluctúa entre los $3,000 y los $4,000.

“No son planificados, son gastos adicionales, pero impactan partidas que no están en déficit y que nosotros teníamos disponibles”, expresó en ese momento. 

“Actualmente, estamos en cerca de $80,000 entre todos los eventos, particularmente porque el de Néstor Alonso (exrepresentante novoprogresista acusado de corrupción) fue el más que nos costó. Nos costó cerca de $56,000 porque fue a nivel isla”, precisó el titular de la CEE.