La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Río Grande. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que el 55% de las transferencias de créditos por $4,224,299, se realizaron sin las certificaciones de sobrantes requeridas para sustentarlas. Del 2018 al 2019, el alcalde y la legislatura autorizaron 102 transferencias por $1,173,527, sin que los directores de Finanzas detallaran, en la certificación de sobrantes, las asignaciones presupuestarias, las obligaciones y los desembolsos girados contra cada una de las partidas afectadas.

Estas situaciones no permiten mantener un control adecuado de los balances en los fondos y en las partidas presupuestarias, lo cual puede ocasionar déficits y sobregiros.

La auditoría de siete hallazgos señala que el Municipio no obligó los créditos presupuestarios necesarios, al momento de otorgarse 11 de los 13 contratos y siete de las 25 enmiendas formalizados entre el 2015 y el 2020. Las obligaciones de fondos se realizaron hasta nueve meses después. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-16-21 del 28 de marzo de 2016.

Contrario a la ley y a la reglamentación vigente, el Municipio registró los desembolsos de 173 cheques por $1,769,746 emitidos de forma manual, hasta dos años tarde, en el sistema Solución Integrada para Municipios Avanzados (SIMA). Además, los informes mensuales de ingresos y desembolsos que generaba SIMA y el programa de un consultor, reflejaron diferencias acumuladas de $21,292,874 en los ingresos y $17,102,727 en los desembolsos. Esta situación se atribuye a que la subdirectora de Finanzas preparó y realizó los ajustes correspondientes en el programa del consultor, pero no en el sistema SIMA, y se emitieron pagos manuales que tampoco se registraron en el SIMA.

Los auditores detectaron que el Municipio había tomado prestado $3,138,243 de la cuenta bancaria de Resoluciones Conjuntas (fondos legislativos). A la fecha de la auditoría, no habían devuelto el 39% de esos fondos. Además, al 3 de junio de 2021, el director de Finanzas no pudo proveer evidencia de los informes de sobrantes de la cuenta Resoluciones Conjuntas que debe preparar y presentar a la Asamblea Legislativa.

El Informe publicó que el alcalde no remitió el nombramiento del ciudadano particular de la Junta de Subastas, a la aprobación de la Legislatura Municipal. Esta participó en 29 reuniones sin ser confirmado. Esta deficiencia puede ocasionar que se cuestione la legalidad de las decisiones de la Junta.

El examen de las operaciones de la propiedad reflejó deficiencias por la falta de control sobre la propiedad. Por ejemplo, desde el 2016, el Municipio no mantiene un registro central actualizado de toda la propiedad, ni expedientes de la propiedad inmueble, y la encargada que cesó funciones en el 2017, no realizó el inventario correspondiente. Además, se decomisaron 141 unidades de propiedad sin las certificaciones de propiedad inservible. 

La auditoría comenta que el Informe Mensual generado por el programa del consultor reflejaba sobregiros por $3,313,076 en 18 fondos municipales al 30 de junio de 2019. Los sobregiros afectan el crédito con los proveedores y crean una situación fiscal precaria para el Municipio.

La falta de protección de los sistemas de información computadorizados, provocaron la pérdida permanente de información almacenada en los servidores y en los respaldos sin posibilidad de recuperarla. Los sistemas de información sufrieron daños ocasionados por interrupciones en el voltaje y un ataque cibernético de secuestro de datos en el 2019.

La Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) del Departamento de la Familia, cuestionó en el Informe de Investigación CC-16-05-01, el salario de $13,827 a la directora del Centro porque no contaba con la preparación académica requerida de un bachillerato universitario, y $1,830 por incumplimiento de unos pagos a proveedores.

Este primer informe de Río Grande, cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2019.

Vea informe de Auditoría M-22-39.

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