La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Aguas Buenas. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que, desde el 2010, el Municipio no realiza las disposiciones periódicas de documentos, y no había preparado los inventarios y los planes de retención de documentos que se envían al Archivo General de Puerto Rico del 2018 al 2020. Además, el área de documentos públicos presentaba filtraciones en el techo, documentos con hongos y no contaba con rociadores automáticos ni detectores de humo.

Esta situación, impide mantener un control adecuado de los documentos según establecido en el Programa de Administración de Documentos Públicos del Archivo General de Puerto Rico adscrito al Instituto de Cultura Puertorriqueña.

La auditoría de dos hallazgos señala que el Municipio envió hasta dos años más tarde del tiempo establecido, las certificaciones anuales sobre el cumplimiento de la Ley 273-2003 a la Oficina del Contralor. La Ley 273-2003, Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en las Auditorías de Entidades Gubernamentales, faculta a la Oficina del Contralor a promulgar las guías para que las entidades cumplan con la ley, entre otras. Las entidades a su vez, deben enviar a la Contraloría, las certificaciones anuales de su cumplimiento.

El Informe comenta que, al 30 de junio de 2021, estaban pendientes de resolución por los tribunales, cinco demandas civiles por $1,910,000 por concepto de daños y perjuicios.

Este primer informe de Aguas Buenas, cubre el periodo del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2021.

Vea informe de Auditoría M-22-35.

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