La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) relacionadas con los contratos de servicios profesionales y consultivos, y la compra de combustible diésel. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que la Oficina de Gerencia y Presupuesto realizó pagos indebidos sin mediar contrato. De la muestra examinada se halló el pago de $2,732,221 a una corporación privada por servicios de telecomunicaciones del 31 de marzo al 22 de mayo de 2018 sin contrato. Además, la OGP pagó, $68,200 por concepto de arrendamiento a una corporación privada para almacenar la propiedad de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales entre 2017 y 2018, sin que mediara contrato alguno.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que la OGP pagó $64,450 a contratista, en exceso a la cantidad máxima establecido en el contrato y la enmienda de $580,000. Los servicios contratados eran para obtener asistencia relacionada con la implementación de la metodología de Presupuesto Base Cero para todo el gobierno. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría DA-12-33 del 24 de octubre de 2011.

Los auditores de la Contraloría determinaron la falta de controles en la compra de combustible tales como la ausencia de una lista de los nombres de las personas autorizadas a comprar combustible, relación de los vehículos oficiales de la OGP, y la corroboración de firmas y números de licencia de conducir de las personas autorizadas, entre otras. Estas situaciones contrarias a la reglamentación vigente, pudo haber propiciado el uso indebido de fondos públicos.

Contrario a la Ley 75-2019, Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service, la OGP formalizo tres contratos de tecnología de información en el 2019, sin haber sido evaluados ni recomendado por la Oficina del Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS). Esta situación privó al PRITS de evaluar y determinar si estaban de acuerdo con la política pública del Gobierno y si no duplicaba costos de operación.

La OGP no remitió los informes requeridos en la Ley 66-2014, Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y en la Ley 3-2017, Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Financiamiento del Gobierno de Puerto Rico que, entre otras, establecieron una reducción de no menos del 10% del gasto anual en servicios comprados o profesionales en cada entidad de la Rama Ejecutiva. La Cámara de Representantes certificó en el 2019, que recibió el 33% de los informes, el Senado el 67% y la Oficina del Gobernador no contaba con evidencia de ninguno de los informes para la fecha.

Este Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 28 de febrero de 2021.

Vea el Informe de Auditoría DA-22-07.

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